Aunque el verdadero rol del regulador es posible contemplarlo en regiones de las que poco se habla. Estamos haciendo referencia de algunos países del norte de Europa. Donde la legislación, la administración pública y la banca están completamente integradas a la nueva economía criptográfica. No es menos cierto que aún, el mundo camina a tropezones sobre este terreno. 

China podría ser otro ejemplo, que entre tiras y encoge, ha creado políticas públicas que tiene como objeto educar a la población. Y las cuales permiten a las personas de aquella nación familiarizarse cada vez más con la tecnología blockchain, los pagos virtuales, y la criptografía.

No son menos los esfuerzos que se hacen en América Latina. En este sentido, han sido Brasil, México, Argentina y Colombia quienes llevan la batuta en este tema. Esto, muy a pesar de ser países que no siguen del todo un pensamiento favorable al libre mercado. Por el contrario son profundamente mercantilistas y pro-estado de bienestar.

Pero en medio de este panorama, no siempre está claro cuál debe ser el rol del regulador. Y sobre todo cuando se intenta regular o legislar sobre un asunto emergente, nuevo y del cual no se comprende enteramente. Por este motivo muchas veces podemos observar que los organismos reguladores se inmiscuyan sobre lo que creemos asuntos que no le competen. Pero claro, esto depende en gran manera de la filosofía política y económica que ostenten.

En este sentido, es importante no evadir el tema. Las ideologías políticas influyen en el desarrollo de la cripto economía. Aquellos países que favorezcan las libertades económicas van, indiscutiblemente, a sobre salir en la cripta adopción y por consiguiente en el empoderamiento de sus ciudadanos. En los países más libres, sus ciudadanos son más ricos y sus pobres menos pobres. Esto, indistintamente de las desigualdades.

¿Cuál es el rol del regulador?

En este orden de ideas, un ejemplo fáctico nos lo ofrece el Reino Unido. Donde el ente regulador ha publicado recientemente que aproximadamente 7000 empresas deben presentar un informe anual sobre delitos financieros, conocido como ‘REP-CRIM’.

Este informe denominado REP-CRIM tiene como objeto proporcionar información sobre una serie de indicadores que reflejan los riesgos potenciales de blanqueo de capitales de las empresas. Todo esto, en función de su actividad regulada con lo cual ofrece una ayuda indiscutible en el proceso de  supervisión de las empresas.

Esto es un aspecto positivo y un ejemplo donde el verdadero rol del regulador se pone de manifiesto. Pues, está ejerciendo presión donde se debe, al preguntar sobre los delitos específicos. Se asume, que la medida busca proteger la privacidad. Y le pone límites al anonimato.

Hemos de recordar la diferencia sustancial entre estos dos aspectos, la privacidad no es anonimato. Los entes reguladores deben poder identificar los usuarios que han incurrido en actos delictivos. Y el sistema debe proveer la suficiente privacidad para resguardar al usuario de ciberdelincuentes, hack, robos, extorsiones y fraudes.

La blockchain te permite prescindir de terceros de confianza. Pero actualmente no te permite prescindir de la justicia para proteger tus intereses. Y en este sentido se debe permitir una privacidad acorde a las circunstancias.

 

Imagen de Free-Photos en Pixabay 

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